La medida estrella del Gobierno consiste en limitar el precio del gas natural de forma escalonada. Los seis primeros meses a 40 euros/MWh, que irá incrementándose mensualmente hasta alcanzar los 70 euros/MWh en el último mes (mayo de 2023). Como el precio de toda la electricidad, sea cual sea su origen (solar, eólica, fósil…), se establece por el precio del último tipo de energía utilizado, con esta medida se pretende, en teoría, que no se paguen todas las energías como si fuesen fósiles, que es lo que venía ocurriendo hasta ahora.

A pesar de estar publicado el pasado mes de mayo, su entrada en vigor no ha tenido lugar hasta el 15 de junio, puesto que requería de la aprobación de la Comisión Europea, dado que dicho decreto supone una cierta modificación de las reglas del mercado mayorista de la electricidad, que se establecen a nivel europeo. De hecho, su aplicación está circunscrita al Reino de España y a la República de Portugal y, como se ha dicho, se trata de una medida temporal hasta el 31 de mayo de 2023.

Por eso, en el mes de agosto podemos constatar parte de sus efectos en el recibo de la luz. Y la primera conclusión que se puede sacar es que la medida favorece a las multinacionales y castiga a los usuarios de energías renovables y clientes de las pequeñas empresas de distribución.

Así se explica por qué las grandes empresas de la electricidad no hayan puesto el grito en el cielo e, incluso, la facilidad con la que la Comisión Europea, defensora a ultranza del libre mercado, dio tan fácilmente su consentimiento.

Quienes menos energía de origen fósil consumen, porque disponen de sistemas de autoconsumo solar y son clientes de cooperativas o pequeñas comercializadoras, han visto como, lejos de reducirse el precio de su factura, en el mes de agosto ha aumentado.

La factura de una vivienda con instalación solar de autoconsumo en el mes de junio, debido a la energía generada por sus placas solares y a que en ese mes se produce más energía que la que consumen, se limita a los gastos fijos de la potencia contratada, más el bono social, más el impuesto eléctrico, el alquiler del contador y el IVA.

En el mes de agosto, con el mismo autoconsumo, su factura se ha incrementado en un 59,37%. ¿Cómo ha podido suceder eso, si todos los parámetros de consumo son los mismos en ambos meses? Pues muy sencillo: porque se ha introducido un nuevo concepto en la facturación. Una especie de nuevo impuesto denominado “mecanismo ajuste gas” cuyo importe sale de multiplicar los kilovatios hora consumidos por 0,152951 euros.

Empezamos a ver las trampas que se esconden en el Real Decreto-ley. Y es que el hecho de que las empresas vendan en el mercado su energía de origen fósil a un precio inferior al que lo harían sin el tope del gas no significa que pierdan dinero. El Real Decreto-ley establece un sistema de compensación para retribuirles hasta lo que hubiesen ganado vendiendo al precio normal. Y esta compensación económica la asumen los consumidores de las cooperativas y de las pequeñas empresas de distribución, y sobre todo quienes han invertido en autoconsumo.

Cuando la propaganda gubernamental nos dice que con esta medida los consumidores van a obtener un ahorro en la factura, no se están refiriendo a un ahorro respecto al precio que están pagando antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, sino del ahorro respecto a lo que pagarían si no se hubiese aplicado el tope al gas.

Nos explicamos con un ejemplo. Supongamos que estamos pagando el precio de la barra de pan a un euro, y que para el día siguiente nos dicen que el precio de la barra será de tres euros, pero finalmente es de dos euros. El Gobierno podrá decir que nos ha ahorrado el 33,34% del precio del pan, pero en realidad estamos pagando el 100% de más.

Si nos fijamos cuando en las noticias nos informan del aumento del precio de la electricidad, nos dicen “hoy ha subido un tanto por ciento más que ayer, pero el precio en el Estado español es inferior al de Francia, Alemania, Italia…” como si ese dato constituyese un alivio para nuestros bolsillos.

Se castiga a quienes tienen menos consumo de energías fósiles. Se mantienen las ganancias de las grandes productoras a costa de los consumidores y también se favorece a los grandes grupos empresariales que generan energía y la venden a comercializadoras de su mismo grupo, ya que no tienen que justificar el volumen de energía ya cerrada a 26 de abril, cosa que sí tienen que hacer las pequeñas comercializadoras y las cooperativas, con lo que la compensación del tope de gas está repercutiendo entre los consumidores de estas últimas.

Por si fuera poco, el precio del tope del gas es mayor justo en los tramos denominados valle, es decir que también penaliza los hábitos de consumo hasta ahora recomendados.

Conclusión: no existen alternativas parciales eficaces para escapar de esta endiablada trampa en la que nos han introducido el modelo energético y el sistema de libre mercado. No hay forma de que incluso las administraciones con alternativas tan limitadas como las que está poniendo el Gobierno del Estado puedan revertir el descontrol de los precios y las desastrosas consecuencias económicas para la población.

Es necesario que se tomen medidas que saquen las manos de las grandes empresas y de los intereses privados del control de los bienes públicos como son las fuentes de energía. La única respuesta apropiada es la nacionalización de las empresas de generación y distribución de energía y la prohibición de los combustibles fósiles. Y mientras la administración siga atada por las leyes relativas a la propiedad privada de las fuentes de energía, no hará sino dar tumbos como pollo sin cabeza pero, eso sí, pagando las consecuencias, como siempre, la población.